Por: Juan José Contreras Lara
Nuevamente, como ha venido sucediendo desde hace seis años, el estado es escenario de protestas, reclamos y actos vandálicos al cumplirse un aniversario más de aquél terrible episodio de Iguala, transcurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Gobernaba Ángel Aguirre Rivero y aunque durante todo este tiempo han corrido numerosas versiones sobre la actuación inmediata de la autoridad estatal, es claro que la reacción mal coordinada y tardía de varias corporaciones, así como la falta de información de inteligencia sobre las circunstancias que rodearon esa acción violenta, o acaso la manifiesta complicidad de muchos actores, estropearon de origen la investigación lo que fue fatal, pues la llevó al callejón sin salida en que se encuentra.
Las consecuencias políticas obligaron entonces a la licencia definitiva del entonces gobernador, aunque con eso Enrique Peña Nieto tampoco pudo evitar el hecho de que será recordado para la posteridad, entre otras cosas, por el estigma de Ayotzinapa.
Con el relevo gubernamental, hace cinco años, en el acto mismo de su toma de posesión, el gobernador entrante Héctor Astudillo Flores definió su postura sobre la tragedia, ofreció la participación de todos los recursos del estado en el esclarecimiento de los hechos y señaló lo que sostiene hasta hoy: en el caso Ayotzinapa, verdad y justicia sin violencia.
Es por supuesto, humanamente comprensible el dolor de los padres de los 43, lo que no se justifica es que, en reclamo de un atroz
hecho como ese, se recurra a una espiral de violencia y destrucción, en contra de instituciones que de hecho no tienen a su cargo la investigación.
También es claro que, con el tiempo, la justificada causa de los padres ha sido objeto de manipulación constante por parte de personajes que de manera oportunista tratan de medrar a toda costa con la tragedia, tanto para negociaciones a modo, como para obtener mediante presiones numerosas canonjías
Fácil carne de cañón para la violencia, adoctrinados radicalmente en las mismas normales, tampoco extraña para nada que los estudiantes sean tan hábiles para la provocación y la destrucción, porque además están ideológicamente convencidos de que eso se llama “lucha”.
Muchos cabos sueltos enmarañan aún más la kilométrica investigación. Seguramente se habrán de sumar también numerosos elementos que hasta el momento se desconocen. No obstante, desmantelar la malograda “verdad histórica” del peñismo para encontrar la verdad a secas, se antoja tan remoto que creo que la 4T será insuficiente para ello.
Entretanto, habrá que decirles a los jóvenes pirómanos normalistas, padres de los 43 y demás agregados, que podrán incendiar cinco, diez, cincuenta veces los edificios públicos que se les dé la gana, pero con eso no lograrán ningún avance concreto para conocer el paradero de los desaparecidos y sí continuarán cosechando el rechazo de amplios sectores sociales.
La postura del gobierno estatal al respecto sigue siendo la misma, según se deprende de un comunicado recientemente difundido en el que se señala que “necesitamos generar una ruta de entendimiento entre los diferentes grupos sociales que evite la
violencia y altere la tranquilidad social que tanto nos ha costado construir, debemos sumar todos nuestros esfuerzos para encontrar a los verdaderos culpables de esta tragedia, trabajar para dar justicia a las víctimas y desterrar la violencia”.
Ese es el camino de las instituciones que tenemos y no tenemos otras. Hay que estar conscientes de ello porque el otro camino sólo lleva al caos, la anarquía y el retroceso. Si se sigue por este último, mucho menos se conocerá la verdad y obviamente tampoco habrá justicia.
