Por: Misraim Olea
El jueves primero de octubre las y los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de la consulta popular que promueve el Presidente de México, para llevar a juicio a los expresidentes dei país que hayan con cometido algún delito en perjuicio de la nación.
Esta consulta es una de las acciones que dan sentido a la narrativa de la lucha contra la corrupción que el Presidente dice haber emprendido, además es uno de los distractores que le permiten tener vigencia en la cotidianidad mexicana.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que hace que el Estado involucre a la población en temas de trascendencia nacional. Es un derecho considerado en la Constitución y sus resultados son vinculantes con los órganos que tengan que ver con el objeto de la consulta; respetando la ley, estos deben actuar en consecuencia.
La consulta popular puede ser convocada por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente (como sucedió en esta ocasión), o por solicitud de la ciudadanía, juntando firmas equivalentes a por los menos el 2% de inscritos en la lista nominal de electores (que a pesar de haber desplegado todo un operativo no se logró y por eso hizo la solicitud el Presidente).
Por ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de resolver la constitucionalidad de la materia de la consulta, es decir que las y los magistrados son quienes deben decir si el motivo de la consulta está considerada en la ley, si lo que se resuelve puede hacerlo el órgano del Estado a quien se involucra y si la consulta no viola los derechos de nadie.
La impartición de justicia en México es un asunto cuestionado aún, si bien no se promueve hacer justicia por propia mano, la mediatización del juicio a los ex Presidentes es un ejercicio catártico que permite desfogar los anhelos de justicia de quienes se han sentido víctimas del actuar de los actores políticos del pasado.
Desafortunadamente seis ministros y ministras de la Suprema Corte se sumaron a este ejercicio del Presidente y además lo legitimaron al resolver que los resultados pueden obligar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a realizar acciones para esclarecer “las decisiones políticas del pasado”.
Al dejar claro que el resultado de la consulta popular no puede obligar a la Fiscalía ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, el resultado de la consulta servirá para lo mismo si hay mayorías de “Sí” o de “No”, ya que quien podrá actuar en consecuencia será sólo el Presidente, teniendo una vez más material para su mañanera.
