Chilpancingo.‐ «A pesar de los ajustes presupuestales, en estos seis años de gobierno, la deuda pública autorizada a largo plazo, disminuyó de 2 mil 376.4 millones de pesos a mil 348.4 millones de pesos, lo que significa, un decremento del 43.3 por ciento respecto del nivel inicial», aseguró el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez al asegurar que no se dejará deuda a corto plazo al próximo gobierno.
Anteriormente, el gobernador Héctor Astudillo Flores había explicado que
la deuda oficial está radicada fundamentalmente, en lo que aportó el Gobierno de Guerrero para la Autopista del Sol, que fue inaugurada en marzo de 1993, cuya construcción inició en agosto de 1989.
«No vamos a dejar deudas de corto plazo, porque este mes vamos a terminar, el 30 de junio los últimos pagos a quienes nos prestaron dinero en diciembre. Lo que sí les quiero recordar, es que cuando yo llegué a ser gobernador (en octubre del 2015), tuve que conseguir alrededor de 4 mil 500 millones de pesos», expuso.
Astudillo Flores, explicó que la nueva Administración encontrará el soporte financiero para enfrentar gran cantidad de compromisos que hay.
Posteriormente, en entrevista el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo precisó que el proceso de entrega recepción tiene fechas definidas en el Periódico Oficial.
También adelantó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará un ajuste por 700 millones de pesos a las participaciones federales que recibirá Guerrero a partir del mes de julio.
Expuso que éstas serán disminuciones que impactarán al ramo 28, sin embargo los salarios de las y los trabajadores están garantizados.
Pérez Calvo puntualizó que este ajuste se debe a que las recaudaciones a nivel federal también han disminuido: «en este último periodo nos avisó Hacienda que ajustará 700 millones de pesos en los próximos meses al ramo 28», detalló.
Sobre el planteamiento de la próxima administración de desaparecer los Organismos Públicos Descentralizados, Pérez Calvo, consideró que serán ellos quienes harán esas valoraciones porque quizá algunos ya han cumplido la función por la que fueron creados, «pero debe tener algún fundamento o asunto planeado, pero sí es complicado para los trabajadores que tendrán que ser reubicados o definir alguna situación legal con ellos», apuntó.
Refirió que el nuevo gobierno tendrá que revisar con más profundidad para garantizar su funcionamiento ya que en las OPD’s hay hospitales, Universidades y algunos de servicios turísticos, organismos en los que laboran más de 5 mil trabajadores.
