Por: Misraim Olea
Luego de la polémica generada por la primera consulta popular realizada en México, el domingo 1 de agosto sólo un 7% de quienes integran la lista nominal participaron.
La cúpula de MORENA días previos a la consulta, acusaba al INE de la falta de promoción y auguraba ya una baja participación. Cabe resaltar que el proceso de promoción debe recaer completamente en el Instituto Nacional Electoral, ya que debe ser imparcial, con la única finalidad de dar a conocer a las y los electores de la realización y dinámica del proceso.
Es importante señalar lo anterior, ya que de la misma manera que pasa en una elección, en la consulta popular debe existir un periodo de veda, en el que sólo el INE puede informar, cosa que no pasó, ya que sólo MORENA y sus simpatizantes se dedicaron a violar la ley al promover el sí, en favor del juicio a los expresidentes.
La consulta popular aparece en el artículo 35 de la Constitución Política mexicana con la finalidad de fortalecer la democracia en nuestro país. Para la realización de ésta se gastaron más de 500 millones de pesos, que ha decir de AMLO, este gasto es culpa del INE, por no permitirles hacerlo el mismo día de la elección; situación que evidentemente les habría dado resultados diferentes.
Este ejercicio le ha servido a AMLO para conocer su fuerza real. Es de destacar que en 2018 MORENA recibió más de 25 millones de votos; en 2021, 17 millones y en la consulta
casi 7 millones, lo que significa un importante golpe a su discurso y otro más a la gestión de Mario Delgado.
El fracaso de MORENA este domingo se debe a la falta de movilización, la consulta popular no es igual de redituable que la elección por una alcaldía, una diputación o la gubernatura. Cuando se gana en elecciones es altamente probable que la inversión regrese, pero movilizar gente para elegir castigar a un ex presidente no.
La primera consulta popular pasa a la historia como un sin sentido, se ha perdido la oportunidad de construir ciudadanía y fortalecer nuestra democracia, este despilfarro sólo ayuda a que López Obrador conozca sus debilidades y se organice para la consulta sobre su revocación de mandato en marzo de 2022.
