Por: Misraim Olea
La libertad de expresión, además de ser uno de los derechos humanos más importantes, es también uno de elementos necesarios para consolidar una democracia.
El espíritu de hacer constitucional la libertad de expresión es permitir que las y los ciudadanos no sean censurados ni violentados en sus derechos a la hora de expresar sus ideas.
Quienes históricamente han padecido más violencia por ejercer este derecho son los periodistas; en México desde el inicio del gobierno de López Obrador han sido asesinados más de 30 miembros de este gremio.
Es cierto que la violencia ha afectado a todo el país desde hace años, pero también es cierto que los ataques contra los medios, reporteros y periodistas no son solo de manera física; a este respecto se suman los ataques institucionales, realizados cada mañana por el Presidente desde su conferencia matutina, quien ataca a quienes opinan distinto a él, señalan sus errores, informan sobre los actos de corrupción que salen a la luz de manera cotidiana y contradicen la información oficial.
De manera específica, los días martes de cada semana se presenta el tema “quien es quien en las mentiras de la semana” en la que se acusa de manera directa a quienes informen o hagan del conocimiento público situaciones o cuestiones que afecten a López Obrador y su gobierno.
Estas situación originó que el pasado jueves 10 de marzo los diputados del Parlamento Europeo, los mismos que condenaron las agresiones a estudiantes de Ayotzinapa en 2014, aprobaran una resolución en la que destacaban a México como el país en el que sin ser zona de guerra era uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
Ante esto, AMLO y su equipo cercano elaboraron un documento en el que evidentemente no se contó con el apoyo de personal calificado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su elaboración e hicieron público un texto en el que agreden verbalmente a eurodiputados que anteriormente, cuando hicieron comentarios que coincidían con el movimiento del Presidente, apoyaron.
Como si lo anterior no fuera suficiente los diputados federales de MORENA y sus aliados aprobaron un decreto por el que se “Interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental”, con la que, aprovechando las lagunas de la ley buscan que el presidente y servidores públicos hagan difusión de la Consulta Popular.
Este decreto tiene como objetivo principal permitir a Andrés Manuel y a funcionarios públicos de MORENA hacer promoción de la consulta, y promover el “Sí” en la misma. Esta situación atenta contra la ley electoral y afectará directamente las elecciones de 2024, porque abre la puerta a que el Presidente pueda hacer campaña para sus candidatos.
Permitir que el presidente y sus seguidores, quienes tienen acceso a recursos públicos, promuevan una iniciativa que debiera ser meramente ciudadana, empaña una vez más un mecanismo que tendría que fortalecer l democracia y de paso, debilita un derecho humano como el de la libertad de expresión, porque se usa a modo para fines e intereses personales y de grupo.
En México, mientras que a quienes que no simpatizan con el Presidente se les agrede y censura desde Palacio Nacional, a otros les ajustan la ley para poder tener injerencia desde el poder, en asuntos de la ciudadanía.
La tarde del jueves 10 de marzo la democracia mexicana recibió un duro golpe, los embates del poder han atacado y usado a modo la libertad de expresión, la principal vía para quienes pensamos distinto al poder podemos expresar nuestras ideas.
