Por: Jorge Valdez Méndez
(*Consejero Electoral del IEPC Guerrero)
En las sociedades contemporáneas, el vínculo entre gobernabilidad y democracia se sustenta en el principio de la soberanía popular y sus manifestaciones concretas como la participación ciudadana y las elecciones periódicas, libres, competitivas e imparciales, elementos que hacen de la democracia la arena para debatir pacíficamente la confrontación de programas y proyectos políticos.
La expansión de la participación política responsable de las y los ciudadanos, y la eficaz y obligatoria toma de decisiones gubernamentales, deben, a su vez, producir un orden democrático capaz de promover el bienestar social y, al mismo tiempo, blindarlo ante factores erosivos que amenacen con romper el equilibrio de la gobernabilidad democrática.
Hoy en día, las y los ciudadanos tenemos la posibilidad de construir este punto de equilibrio, pues estamos en el inicio de la organización del proceso electoral más grande de la historia política de nuestro país, en el que, la ciudadanía tiene una oportunidad igual y efectiva de sufragar en elecciones libres, competitivas e imparciales, para formar representaciones políticas vinculadas por el voto popular.
En modo democrático, las elecciones se ganan con votos. El derecho al sufragio es condición básica para que el poder emane del pueblo. Es la oportunidad de la ciudadanía de seleccionar a sus gobernantes y representantes. El ejercicio del voto, es el primer eslabón de la cadena de participación ciudadana y es el que otorga a los gobernantes la legitimidad política.
Sin embargo, la legitimidad política no es el único componente de la gobernabilidad, sino que debe ir acompañada de eficacia y estabilidad gubernamental. La legitimidad política no basta para producir buenos gobiernos. El ejercicio del poder requiere el ropaje ético. La eficacia, está relacionada con la calidad de la acción gubernamental, aquella que enfrenta las amenazas de la ingobernabilidad provenientes de la exclusión, los rezagos sociales y la negación de acceder a una vida digna.
Un sistema será más gobernable, afirma Antonio Camou, en la medida que posea mayor capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto a los cambios de su entorno económico, social y político. Conforme lo vaya logrando, así de grande será su estabilidad.
Un concepto clave de las elecciones es comprender que su organización, desarrollo y éxito, no es competencia exclusiva de los órganos electorales. es, sobre todo, el espacio privilegiado en el cual la ciudadanía asume el papel de actor fundamental del proceso electoral, desde su participación como autoridades electorales distritales, funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, observadores electorales, promotores entusiastas del voto, brindando seguimiento a las campañas de las y los candidatos, hasta llegar a la jornada electoral para decidir en libertad el sentido de su voto.
En junio de 2021, las y los guerrerenses elegiremos al titular del Ejecutivo estatal, a las y los 46 miembros que integrarán la próxima legislatura local y los ayuntamientos de 80 municipios, en un ambiente de paz y libertad, en el que convergen instituciones, que han demostrado un alto grado de profesionalismo e imparcialidad, partidos políticos y candidaturas independientes, que competirán con equidad y reglas claras; y, por supuesto, la participación de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que fungirán como piezas integrales en la construcción del proceso electoral en toda la geografía del estado.
Un hecho sin precedentes en nuestro estado es que los partidos políticos podrán postular candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de elección popular, con estricto apego al derecho y a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía que refuerza la unidad estatal y nacional.
No debe existir ninguna duda que será una elección histórica en la que los ciudadanos y ciudadanas elegirán lo mejor de la clase política guerrerense. Para ello, los partidos políticos y sus coaliciones tienen la obligación de registrar sus plataformas electorales en las que reivindiquen sus programas y propuestas políticas, con el propósito de que los electores acudan a las urnas con profundo razonamiento y con la información política diversa y suficiente. El conocimiento de las plataformas electorales es una información que no tan solo sirve a la ciudadanía para tomar decisiones electorales, sino que debe servirle también, de instrumento para la exigencia de rendición de cuentas y el cumplimiento de las promesas de campaña de las candidatas y candidatos que resulten vencedores de la contienda electoral que se avecina.
