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Chilpancingo.- El diputado Jesús Urióstegui García (Morena) propone reformas al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer una penalidad de hasta 12 años de prisión para quienes cometan el delito de despojo aprovechándose de la condición de persona adulta mayor, enfermedad, discapacidad, ausencia prolongada, analfabetismo, desconocimiento de la ley o situación de abandono del propietario o legítimo poseedor de un bien inmueble.
En la sesión de este miércoles el legislador presentó la iniciativa, a la que se adhirieron los Grupos Parlamentarios de Morena, del PRI, del PRD y del PVEM, y los diputados Claudia Sierra Pérez y Pánfilo Sánchez Almazán del PT, argumentando que la invasión de bienes, especialmente cuando las víctimas son personas adultas mayores, con discapacidad, en abandono o con enfermedades incapacitantes, se ha convertido en una modalidad moderna de despojo.
Destacó en el documento que se turnó a la Comisión de Justicia que este fenómeno ha ido creciendo por los vacíos legales, silencios jurídicos y que ha sido históricamente tolerado como si fuera un mal menor, pero que es una gravedad y tiene que ser castigado severamente.
“No podemos seguir permitiendo que quiénes han trabajado toda su vida para tener un hogar, un patrimonio, terminen despojados por oportunistas o servidores públicos corruptos que han hecho tráfico de sus influencias un negocio; no más adultos mayores llorando frente a su casa ocupada por un desconocido, no más personas enfermas, no más inmuebles, terrenos y propiedades ocupados por ajenos”, puntualizó.
Por esta situación, la iniciativa de reforma al artículo 246 del Código Penal del Estado de Guerrero define con claridad, severidad y precisión lo que es el delito de despojo y lo más importante es que se reconoce y sanciona con mayor dureza cuando se comete contra personas en situación de vulnerabilidad, al establecer como agravante específico cuando se comete en contra de adultos mayores, personas con enfermedades incapacitantes, discapacidad, abandono, desconocimiento de la ley o incluso en ausencia prolongada de sus bienes.
Esta situación, refiere el diputado, los obliga a legislar para proteger a este sector vulnerable y con esta iniciativa “anti-invasores” se da una respuesta concreta, firme y legal contra quienes aprovechándose de la condición vulnerable de otro intentan arrebatarle su hogar.
Asimismo, asegura que la reforma al artículo 246 del Código Penal del Estado de Guerrero es necesaria para fortalecer sustancialmente el marco jurídico en materia de delito de despojo, especificando con mayor claridad los contextos de vulnerabilidad en que se comete y al establecer agravantes más precisas y severas para proteger a quienes menos pueden defenderse, como las personas adultas mayores, enfermas, en situación de abandono o con alguna discapacidad.
Además, propone que a quienes cometan de forma reiterada el despojo de bienes y el autor del delito sea familiar por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, apoderado legal, albacea, servidor público, notario, administrador de bienes o cualquier persona con quien la víctima tuviera una relación de confianza se le impondrá una pena de ocho a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa.
