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Chilpancingo.- La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado analiza la Iniciativa de reformas a la Ley estatal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que tienen como objetivo establecer mecanismos claros de prevención, detección, atención y sanción del maltrato y abuso sexual infantil en el entorno escolar, mediante protocolos interinstitucionales, capacitación del personal educativo y acompañamiento integral a las víctimas, garantizando entornos seguros y libres de violencia.
Estas reformas, fueron propuestas por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, a las que se adhirió la diputada Glafira Meraza Prudente, esto obedece a que en escuelas de la Entidad se han identificado diferentes conductas que generan situaciones de riesgo para el alumnado, como el acoso, abuso sexual y maltrato.
En la propuesta, la diputada señala que las y los menores enfrentan situaciones sociales como la inseguridad, la violencia, la ruptura de lazos afectivos dentro de la familia y la sociedad, lo que genera en muchos casos el abandono escolar, en la iniciativa se identifica que niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones difíciles tanto dentro de sus hogares como en el ambiente social en el que se desenvuelven, llegando incluso, a reproducirse dichas problemáticas en las instituciones educativas.
Esto ha provocado que autoridades educativas busquen mecanismos que le permitan enfrentar y atender estas situaciones, con el objetivo de proteger al alumnado de Educación Básica, principalmente, destacando en el diagnóstico oficial la implementación de protocolos claros de prevención, detección y actuación para proteger a los menores, promoviendo una convivencia escolar armónica, segura y garantizando el derecho de los estudiantes a vivir libres de violencia y a desarrollar plenamente su personalidad.
Sin embargo, se señala en la Iniciativa, que el problema persiste en las escuelas, afectando los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia, por lo que la detección temprana e inmediata por parte de las autoridades educativas, son acciones fundamentales y necesarias que pueden prevenir y, en su caso, minimizar el daño.
Por ello, propone establecer mecanismos de acompañamiento en los casos de abuso sexual, otorgándoles ayuda psicológica y emocional, que permitan al menor continuar con un desarrollo de vida apropiado a su edad.
Además, de aprobarse la reforma el Gobierno Estatal y los Municipios estarán obligados a adoptar medidas necesarias para la recuperación física, psicológica y emocional, así como la restitución de derechos de niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido algún daño físico, psicológico o sexual, brindando el acompañamiento y tratamiento médico o psicológico necesario y adecuado, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
