Redaccion
Chilpancingo.- El Congreso del Estado exhortó a los 84 Ayuntamientos, al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, y a las secretarías estatales del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para que verifiquen las empresas que ofrecen empleo a guerrerenses fuera de la entidad, elaboren un padrón e informen los avances sobre la atención a este exhorto.
Lo anterior, derivado de un dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, con base en una propuesta presentada por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, en la que se señala que, de acuerdo con información del CONEVAL y el INEGI, existe un alto índice de migración laboral en Guerrero, particularmente entre jóvenes y población indígena, quienes con frecuencia enfrentan relaciones laborales informales, ausencia de contratos, explotación, violencia y violaciones a derechos humanos.
“Estos datos reafirman la urgencia de establecer un padrón estatal actualizado de empresas reclutadoras, que funcione no solo como instrumento de control y supervisión, sino también como herramienta preventiva y de protección integral”, refiere el documento.
Se destaca que este exhorto se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el principio de “trabajo decente” de la Organización Internacional del Trabajo, así como con las políticas públicas nacionales orientadas a la erradicación del trabajo infantil, la protección de la movilidad laboral y el respeto a los derechos humanos en contextos migratorios.
De esta manera, el exhorto representa una acción afirmativa estratégica para salvaguardar la integridad física, moral y económica de las y los trabajadores guerrerenses, ya que la implementación del padrón y la verificación de las empresas permitirán prevenir prácticas abusivas, reducir la informalidad laboral, garantizar el acceso a prestaciones y derechos, y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones responsables de velar por el bienestar de la población trabajadora.
El dictamen fue fundamentado por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
