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Chilpancingo.- La Comisión de Seguridad Pública analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Edgar Ventura de la Cruz, mediante el cual se exhorta al Instituto Federal de Defensoría Pública a promover libertades anticipadas, gestionar fianzas o aplicar la amnistía en favor de personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos, con el objetivo de que puedan recuperar su libertad e incorporarse a la sociedad.
Al exponer los alcances de la propuesta, el legislador subrayó que esta medida busca garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente para personas en condición de vulnerabilidad que carecen de una defensa adecuada. Indicó que, de acuerdo con datos nacionales, más del 40 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuenta con una defensa legal efectiva, lo que retrasa los procesos y limita el acceso a beneficios preliberacionales.
Asimismo, destacó que Guerrero cuenta con una importante población indígena. Según datos del INEGI, el 13.5 por ciento de la población pertenece a un pueblo originario, mientras que el 9.5 por ciento se reconoce como afromexicana. Entre los principales grupos se encuentran los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, concentrados principalmente en las regiones de La Montaña y Costa Chica.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de exhortar al Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que muchas de estas personas enfrentan procesos penales sin contar con recursos económicos suficientes, por lo que dependen de los servicios de la defensoría pública. Añadió que Guerrero cuenta con una Ley de Amnistía vigente, cuyo propósito es otorgar la libertad a determinados sectores que cumplan con los requisitos establecidos, por lo que resulta pertinente revisar si la población indígena y afromexicana está siendo considerada dentro de sus beneficios.
Edgar Ventura señaló que la promoción de libertades anticipadas contribuye a despresurizar el sistema penitenciario y a garantizar que quienes han cumplido con los requisitos legales puedan reintegrarse a la sociedad, fortaleciendo un modelo de justicia más humano, eficiente y con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, reiteró que este exhorto busca consolidar un sistema de justicia accesible y equitativo, en el que la defensa pública desempeñe un papel fundamental para evitar que una persona permanezca privada de su libertad más allá de lo que establece la ley.
