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Chilpancingo.- El Congreso del Estado exhortó al Poder Judicial del Estado para que rinda un informe detallado a esta soberanía popular sobre las acciones implementadas para la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, el cual deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.
Al fundamentar este exhorto, la diputada Erika Lührs Cortés, como integrante de la Comisión de Justicia y promotora del mismo, resaltó la importancia de conocer los avances específicos, la adecuada operatividad, los ajustes estructurales en la organización judicial, la adecuación de la infraestructura física y tecnológica, así como el diseño e implementación de programas integrales de capacitación y profesionalización del personal jurisdiccional y administrativo.
Al respecto, refirió que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, entrará en vigor en todos los estados de manera gradual, a más tardar el 1 de abril de 2027.
Asimismo, establece en sus artículos transitorios que la Secretaría de Gobernación tiene 60 días hábiles para instalar y presidir una Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia, con la participación de las presidencias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Comisión de Justicia del Congreso correspondiente. Estos integrantes concurrirán a convocatoria o solicitud ante la presidencia de la Comisión para configurar la asistencia técnica a los Poderes Judiciales, tanto federal como locales, en la instrumentación de dicho código nacional.
En ese sentido, se contempla que la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar tenga como función sustancial la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con base en el desarrollo de habilidades, destrezas y sanas prácticas procesales, la definición de estándares uniformes de operación del sistema, y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.
Por ello, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se dará paso a un nuevo modelo de impartición de justicia en estas materias que permitirá contar con procedimientos más ágiles; de ahí la importancia de que el TSJ rinda un informe detallado sobre las diversas acciones implementadas para la instrumentación de dicho código en la entidad federativa.
