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Chilpancingo.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para incorporar como falta administrativa grave la conducta de las personas servidoras públicas que utilicen su empleo, cargo, comisión, atribuciones, programas sociales o recursos públicos para favorecer o perjudicar las preferencias electorales.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, contempla la reforma al artículo 21 y la adición del artículo 64 Quáter de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
En el documento, el legislador señala que, aunque la legislación vigente contempla faltas graves como el desvío de recursos públicos o el abuso de funciones, no existe una disposición específica que sancione de manera autónoma el uso de recursos públicos con fines electorales.
Explicó que la reforma establece de manera expresa que incurrirá en responsabilidad administrativa grave la persona servidora pública que utilice bienes, fondos, programas, servicios o recursos públicos para realizar actos de precampaña, campaña, proselitismo o propaganda electoral, así como para ejercer presión, coacción o condicionamiento sobre servidores públicos o ciudadanos con el propósito de influir en su participación política o en el sentido de su voto.
Precisó que dichas conductas podrán ser sancionadas administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades penales, electorales o civiles que correspondan conforme a la legislación vigente.
Asimismo, propone reformar el artículo 21 de la citada ley para obligar a las autoridades estatales y municipales a fortalecer los mecanismos institucionales de integridad, control interno y prevención de riesgos de corrupción, mediante la implementación de lineamientos, programas y acciones de blindaje administrativo-electoral orientados a evitar la utilización indebida de recursos públicos durante los procesos electorales.
Parra García agregó que la reforma busca fortalecer la democracia, proteger la neutralidad del aparato estatal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines constitucionales, evitando cualquier intervención indebida en la competencia electoral.
