Chilpancingo.— A 17 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, su viuda, Martha Idalia Obezo Cázares, denunció un intento de atentado en su contra y cuestionó la falta de garantías de seguridad para quienes continúan exigiendo justicia por el crimen.
Mientras Guerrero conmemora este jueves el aniversario luctuoso del exdiputado local, Obezo Cázares reveló que el pasado 5 de julio hombres armados irrumpieron en su domicilio, luego de romper las chapas de seguridad de la reja y de la puerta principal.
La defensora de derechos humanos relató que se encontraba dentro de la vivienda y que logró escapar del inmueble. Los sujetos abandonaron posteriormente el lugar sin llevarse objetos, aunque dejaron inutilizadas las puertas de acceso.
De acuerdo con su testimonio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda fue informada esa misma noche y ordenó que una patrulla permaneciera frente a su domicilio para garantizar su seguridad. Sin embargo, afirmó que el resguardo fue retirado al día siguiente, sin que le explicaran el motivo.
“Dejándome absolutamente expuesta”, señaló Obezo Cázares al referirse al retiro de la vigilancia.
Ante esta situación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, al considerar que no existían condiciones suficientes para hacerlo ante la Fiscalía General del Estado.
Además, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a la gravedad del ataque y a otros incidentes de riesgo que, aseguró, había registrado previamente. Hasta el momento de su pronunciamiento, dijo que permanecía a la espera de una respuesta.
“Evidentemente me siento vulnerable y en riesgo, temo por mi integridad y la de mi familia”, manifestó.
El ataque, en el contexto de la exigencia de justicia
La denuncia cobra especial relevancia por ocurrir mientras Obezo Cázares mantiene vigente la exigencia de justicia por el asesinato de Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009.
En ese momento, Chavarría se desempeñaba como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero. Su homicidio generó una fuerte reacción institucional y, semanas después, el Poder Legislativo creó una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades estatales y federales.
Desde los primeros días posteriores al crimen se exigió el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. La Cámara de Diputados federal también demandó una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato.
Sin embargo, 17 años después, Obezo Cázares sostiene que el caso continúa sin una investigación concluyente y sin personas detenidas.
Recordó que en 2015 se presentó un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el expediente fue admitido para estudio de fondo en 2021.
Cuestiona falta de protección
La viuda de Chavarría cuestionó la actuación de las instituciones de seguridad y sostuvo que su situación evidencia, desde su perspectiva, la falta de protección para quienes continúan reclamando verdad y justicia en Guerrero.
“No entiendo por qué un gobierno que dice representar los más altos ideales de la izquierda nos ha desprotegido”, expresó.
Señaló que su preocupación no se limita a su propia integridad, sino que también alcanza a su familia y a una sociedad que, afirmó, se siente abandonada.
El riesgo que enfrenta, agregó, incluso le impidió participar este 20 de agosto en los actos conmemorativos por el aniversario luctuoso de Chavarría y acudir al sepulcro del exdiputado.
A 17 años del asesinato, Obezo Cázares afirmó que continuará exigiendo el esclarecimiento del crimen y manteniendo viva la memoria de Armando Chavarría, pese a los riesgos que, asegura, enfrenta.
“Seguiremos luchando hasta que la justicia llegue”, sostuvo.







