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Chilpancingo.- Con el objeto de lograr un modelo comunitario, intercultural y con enfoque de derechos humanos que garantice una atención integral y gratuita a quienes carecen de seguridad social, la diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta durante la sesión de este martes, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI indicó que la salud mental no es un lujo, ni un tema secundario, sino un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la justicia social, el desarrollo y la dignidad del pueblo.
Detalló que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, hoy en día más de 970 millones de personas viven con algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes, mismos que se agravaron por la pandemia de COVID-19.
Aseveró que en Guerrero la situación es aún más compleja, ya que la prevalencia de la depresión alcanza 62.16 casos por cada 100 mil habitantes, afectando principalmente a mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza.
Precisó que aunque esta tasa de suicidios es la más baja del país, ello no refleja ausencia de riesgo, sino la invisibilización del sufrimiento emocional y la falta de detección temprana.
“El estigma, la violencia, el desempleo y el rezago educativo configuran un entorno de alto riesgo psicosocial que exige respuestas inmediatas”, remarcó.
Vélez Núñez reiteró que la salud mental es inseparable de la salud física, de la cohesión social y del desarrollo económico, y en ese sentido, “no puede haber prosperidad en un estado donde las personas viven con dolor emocional, sin acompañamiento ni alternativas”.
Esta propuesta define las bases y modalidades para garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a los servicios de salud mental, estableciendo mecanismos de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social.
Asimismo, plantea la creación de una Red Estatal de Servicios de Salud Mental y Adicciones que articule hospitales, centros comunitarios y programas escolares; promueva la investigación, evaluación y rendición de cuentas, y asegure que las políticas públicas se basen en evidencia científica y en principios de justicia social.
