Chilpancingo.- La diputada priista Julieta Fernández Márquez reiteró su postura en contra de la despenalización del aborto, luego de que durante la Sesión de este miércoles, la bancada de Morena presentará un decreto para reformar los artículos 154, 155, 156, 157, 158 y 159 del Código Penal del Estado de Guerrero a fin de poder despenalizar la interrupción del embarazo.
Fernández Márquez lamentó que teniendo la actual legislatura un rezago importante en temas verdaderamente prioritarios que urgen ser atendidos se le de mayor importancia a este tema que lastima a muchas mujeres.
«El aborto nunca será legal porque viola el derecho a la vida, que es el derecho más importante reconocido por el derecho internacional y establecido en los tratados internacionales que México, ha firmado como país y por lo mismo está reconocido en nuestra Constitución», sentenció Julieta Fernández.
Además, comentó que independientemente de la legalidad o ilegalidad del aborto, este nunca será seguro toda vez que no es un procedimiento natural, sino que es provocado por la ingesta de medicamentos, generando contracciones y sangrados hasta el desprendimiento y la evacuación del no nacido.
Además advirtió las consecuencias de las cuales no se informa a la ciudadanía, como son depresión, insomnio, deseo de suicidio, placenta previa en el siguiente embarazo, infertilidad y hemorragias.
Explicó que esta es una reforma mentirosa que recibe argumentos jurídicos bajo el lema de que ninguna mujer será criminalizada por abortar, pero que ello no está apegada a la realidad, ya que según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2021, ninguna mujer en Guerrero se encontraba sentenciada por aborto.
La diputada, señaló que esta reforma al Código Penal, está abriendo el camino a los llamados derechos “progresivos”, para aprobar abortos antes y después de las doce semanas, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, con el argumento de que aquellas mujeres que aborten después de las doce semanas, solo serán acreedoras a medidas educativas y de salud.
«La Ley debería procurar el bien común de las mujeres y no ponerlas en riesgo».
Agregó que esta iniciativa necesita ser analizada en comisiones y revisada en foros ciudadanos, ya que se necesitan políticas públicas que prevengan embarazos y protejan la integridad y la salud de las mujeres.
Finalmente, comentó que existe una deuda con las mujeres jóvenes en Guerrero y que la decisión del Congreso es fundamental, ya que se necesita impulsar acciones para prevenir los embarazos, fomentar actividades como el deporte y sobre todo sanar a las familias.
