Redaccion
Chilpancingo.- El secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso del Estado, Andrés Rosendo Orozco Pintos, junto a la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez, aseveró que el despido de dos integrantes del Sindicato de Trabajadores Sentimientos de la Nación no se debe a “represalias”, sino a que se recibieron inconformidades en relación con el desempeño de sus funciones.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso, los funcionarios aclararon que el Poder Legislativo no se encuentra en paro de labores, sino que solamente está tomada la vialidad que da acceso al inmueble, lo cual no ha impedido el acceso a legisladores y personal, ni se han detenido las actividades legislativas, muestra de lo cual es que se desarrolló sin complicaciones la sesión extraordinaria programada para este lunes.
Referente a la mesa de diálogo que se tenía programada el pasado viernes 24 de febrero entre la administración y una comisión de trabajadores, afirmaron que estos pusieron como condición para continuar con los acuerdos la reinstalación de la trabajadora y el trabajador, “algo que no se puede realizar porque, en su debido momento, no era parte de los temas”.
A la vez que mostraban pruebas documentales a los miembros de la prensa, los funcionarios recalcaron que los despidos “no son acciones contra el sindicato”, como ha sido denunciado, sino “llamadas de atención e incidencias” que en su momento fueron observadas por los responsables de las áreas en que ellos estaban asignados, sumado a quejas de diputados, por lo que fue necesario prescindir de sus servicios; “eso sí, con su liquidación conforme a la ley. Ya es su derecho aceptarla o no, pero no es negociable su reinstalación”, apuntaron.
Asimismo, aclararon que cuando se dio la mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, únicamente había denuncias en contra de Fernando Martínez Román, no contra otros integrantes del sindicato.
Abundaron que dicho proceso contra el dirigente del sindicato se encuentra en manos del Órgano Interno de Control del Congreso, y confiaron en que pronto pueda dictaminarse para ser informado a las y los agremiados.
