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Chilpancingo.- El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó una iniciativa para adicionar los artículos 13 Bis y 13 Ter a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con el fin de garantizar la devolución gratuita, ágil y en plazos definidos de los bienes asegurados a víctimas de delitos, evitando su revictimización económica y asegurando la restitución oportuna de su patrimonio y herramientas de trabajo, en apego a estándares de derechos humanos.
En tribuna, explicó que la propuesta establece un plazo máximo de 30 días para la devolución de bienes una vez que dejen de ser necesarios para la investigación, sin costo alguno para las víctimas. Esto incluye la cancelación de gravámenes y la eliminación de cobros por depósito o resguardo. Asimismo, prohíbe la retención prolongada y elimina requisitos como fianzas, con el propósito de garantizar una atención digna y fortalecer la protección de los derechos de las víctimas en Guerrero.
Agregó que esta reforma responde a una problemática recurrente: víctimas —particularmente propietarias de vehículos asegurados— enfrentan largos periodos de espera y altos costos de resguardo, lo que genera afectaciones económicas, sociales y psicológicas que agravan su condición de vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
Protocolo contra el hostigamiento y el acoso sexual
El diputado Jiménez Mendoza también presentó una iniciativa para expedir el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual al interior del Congreso del Estado de Guerrero, con el objetivo de establecer mecanismos institucionales claros para la prevención, atención, investigación y sanción de estas conductas.
El legislador señaló que, de acuerdo con encuestas nacionales, un número significativo de mujeres ha enfrentado violencia en el ámbito laboral, incluyendo hostigamiento y acoso sexual, lo que vulnera la dignidad e integridad de las personas y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección dentro de las instituciones públicas.
Destacó que el Congreso local debe garantizar un entorno laboral seguro y libre de violencia, por lo que se propone un instrumento integral que regule la prevención y atención de estos casos mediante procedimientos claros, confidenciales y con perspectiva de género, así como mecanismos de denuncia accesibles en modalidades presenciales, digitales y anónimas.
La iniciativa contempla la creación de un comité especializado, una unidad de acompañamiento para brindar apoyo a las víctimas y el fortalecimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control para investigar y sancionar estas conductas. Fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis.
