Redaccion
Chilpancingo.- La diputada Diana Bernabé Vega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley 450 de Víctimas del Estado de Guerrero, con el objetivo de eximir a las víctimas de un delito del pago por conceptos como grúa, arrastre, depósito o almacenaje de vehículos recuperados por las autoridades.
La legisladora señaló que esta reforma responde a una problemática persistente en Guerrero, donde las personas que sufren el robo de un vehículo deben asumir los costos de recuperación de su unidad, aun cuando no solicitaron su traslado o resguardo. Esta situación, dijo, constituye una forma de revictimización secundaria y contraviene principios fundamentales como el acceso a la justicia y la no discriminación.
La iniciativa propone adicionar una fracción V al artículo 46 de la Ley 450 para establecer que cuando un vehículo sustraído sea localizado por las autoridades y se ordene su devolución en el marco de una carpeta de investigación, el propietario o poseedor legítimo estará exento de cualquier pago por servicios logísticos relacionados. Estos costos deberán ser cubiertos por el Estado, como parte de su responsabilidad constitucional de garantizar el acceso gratuito a la justicia.
El texto legal que se propone indica que:
“Tratándose de víctimas relacionadas a un delito en que exista sustracción, aseguramiento o depósito de vehículo, cuando se ordene su devolución por intervención de las autoridades en el contexto de una carpeta de investigación, la entrega del bien estará exenta de pago económico por concepto de grúa, arrastre, depósito, almacenaje o cualquier otro servicio relacionado. El Estado establecerá en sus Presupuestos de Egresos el pago de tales servicios…”.
Con esta modificación, la diputada Diana Bernabé busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten prácticas injustas, afectando a sectores vulnerables y debilitando la confianza en las instituciones de justicia. Además, señaló que esta medida armoniza la legislación estatal con lo establecido por la Ley General de Víctimas y los estándares constitucionales.
