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Chilpancingo.- La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Parra García mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña y al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, a instruir que, durante el actual periodo de inscripciones y reinscripciones en planteles públicos y privados, se elimine la exigencia de actas de nacimiento “actualizadas” como requisito para el ingreso o permanencia de niñas, niños y jóvenes en instituciones educativas del estado.
Durante su intervención en tribuna, el legislador dijo que esta práctica es un obstáculo al derecho a la educación e identidad consagradas en la Constitución, ya que no existe fundamento legal que obligue a las familias a presentar versiones recientes de este documento oficial cuando ya cuentan con un acta válida.
Parra García dijo que, en comunidades rurales y marginadas, esta exigencia representa una carga económica adicional para madres y padres de familia, quienes deben trasladarse a cabeceras municipales, perder jornadas laborales y cubrir costos innecesarios para obtener una nueva impresión de un documento que no pierde vigencia con el paso del tiempo.
“El acta de nacimiento no es un boleto con fecha de caducidad; es la constancia jurídica de la existencia de una persona”, expresó el legislador, al recordar que el propio Estado mexicano ha reconocido la vigencia permanente de este documento, salvo que exista una rectificación o modificación legalmente decretada.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI, enfatizó que permitir requisitos no establecidos en la ley contradice el principio del interés superior de la niñez y vulnera el derecho a la educación, ya que cada obstáculo injustificado puede significar que una niña, niño o joven quede fuera del sistema educativo.
Finalmente, reafirmó que desde el Poder Legislativo se mantendrá una postura firme en defensa de los derechos de las familias guerrerenses, para que ningún formalismo administrativo esté por encima de la dignidad y el futuro de la niñez y juventud del estado.
