Redaccion
Chilpancingo.- Para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada Leticia Mosso Hernández propone reformas al Código Penal del Estado de Guerrero con el objetivo de establecer que toda relación sexual entre una persona adulta y una menor de 18 años sea considerada como violación equiparada.
En su propuesta la legisladora expone que a pesar de que se ha legislado sobre el matrimonio infantil, cohabitación y uniones forzadas, todavía niñas y adolescentes son entregadas en matrimonio o emparejadas con adultos mucho mayores que ellas, impidiendo que ejerzan una verdadera autonomía o libertad sexual, pues, aunque no exista la violencia física explícita son relaciones desiguales.
Explicó que el Código Penal del Estado de Guerrero establece que se configura el delito de violación equiparada cuando una persona adulta mantiene relaciones sexuales sin violencia con una persona menor de quince años, lo que significa que las y los adolescentes entre 15 y 17 años quedan desprotegidos
“Esta omisión legal genera impunidad frente a conductas que constituyen abuso sexual encubierto, la revictimización de adolescentes ante el sistema de justicia, una falsa percepción de consentimiento que impide castigar a los adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad y la perpetuación de prácticas como los embarazos forzados, las uniones tempranas y la deserción escolar”, dijo.
Asimismo, añadió Mosso Hernández, las barreras sociales, culturales y de acceso a la justicia hacen que la mayoría de estos casos no sean denunciados, y cuando lo son las autoridades encuentran obstáculos para procesarlos penalmente, ya que al no haber violencia física ni una edad límite mayor, muchas veces se considera que hubo “consentimiento”, lo que revictimiza a las adolescentes y perpetúa la impunidad.
Por ello, dijo que con esta propuesta de reforma a la fracción I del artículo 179 de dicho Código no se busca alterar el desarrollo de la libre personalidad, sino ampliar el margen de edad para garantizar la salud emocional de las y los adolescentes al aumentar el rango de edad de los sujetos activos del delito de “menores de 15” a “menores de 18 años”, garantizando la protección de los derechos de toda persona menor de 18 años a decidir sobre su libertad sexual.
“Se trata de armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales, prevenir el abuso disfrazado de consentimiento, reducir los embarazos adolescentes y disuadir las uniones tempranas”, señala. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
