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CDMX.- El exprocurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, rechazó la Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que presenta irregularidades de origen, carece de rigor metodológico y está sustentada en criterios probatorios parciales relacionados con la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Mediante un posicionamiento público, el exfuncionario sostuvo que el organismo nacional abrió un expediente «viciado» y sustituyó de manera indebida el seguimiento de la recomendación emitida en 2018 por un nuevo pronunciamiento, lo que, afirmó, derivó en conclusiones construidas sobre presunciones y análisis incompletos.
Blanco Cabrera cuestionó que la CNDH otorgue valor probatorio selectivo a las declaraciones del colaborador conocido como «Juan», identificado como Gildardo López Astudillo, únicamente cuando involucran a autoridades estatales, mientras desestima los señalamientos que, según indicó, no atribuyen participación activa a instancias federales, particularmente al Ejército.
El exprocurador defendió la actuación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), al señalar que sus investigaciones y consignaciones respetaron el debido proceso y que ninguna fue invalidada por tortura o violaciones a derechos humanos. Añadió que esa actuación fue corroborada, aseguró, por la anterior administración de la propia CNDH y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En materia forense, afirmó que los estudios realizados por peritos estatales, federales y el Equipo Argentino de Antropología Forense descartaron que los restos humanos localizados en fosas de Iguala correspondieran a los estudiantes desaparecidos. Asimismo, calificó como «insostenible» la hipótesis sobre un supuesto intercambio de cuerpos, al sostener que carece de respaldo científico y jurídico.
El exfuncionario también sostuvo que las primeras diligencias realizadas por la fiscalía estatal acreditaron que los normalistas fueron dispersados en distintas rutas, una línea de investigación que, dijo, posteriormente fue retomada en informes oficiales del Estado mexicano y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
En su posicionamiento, Blanco Cabrera acusó a la CNDH de desacreditar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la anterior administración del propio organismo y de la CoVAJ, además de lanzar señalamientos sin sustento contra el exsubsecretario Alejandro Encinas y organizaciones civiles que han acompañado a las familias de los normalistas.
Asimismo, rechazó que la procuraduría estatal hubiera tenido facultades para ordenar despliegues de las Fuerzas Armadas durante los hechos de septiembre de 2014 y aseguró que fue la PGJEG la que recuperó y preservó evidencia videográfica del sistema C4 de Iguala, además de iniciar investigaciones por irregularidades en el manejo de ese material.
Blanco Cabrera recordó que ha comparecido en seis ocasiones ante la entonces PGR y posteriormente ante la FGR, así como ante comisiones legislativas y la CoVAJ. También señaló que una orden de aprehensión librada en su contra fue cancelada por falta de sustento, lo que, afirmó, demuestra que ha estado sujeto al escrutinio de las autoridades y ha colaborado con las investigaciones.
El exprocurador destacó que, antes de los hechos de Iguala, la fiscalía estatal ya había desarrollado labores de inteligencia sobre el grupo criminal Guerreros Unidos y compartido esa información con diversas instancias federales. Añadió que esas investigaciones permitieron la detención y consignación de 33 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como la obtención de pruebas periciales que vincularon armas oficiales y policías municipales con las agresiones ocurridas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Finalmente, Iñaki Blanco sostuvo que la recomendación de la CNDH no contribuye al esclarecimiento del caso Ayotzinapa, sino que genera mayor confusión y revictimiza a los familiares de los estudiantes. En ese sentido, llamó a que las investigaciones privilegien la evidencia científica, el análisis jurídico y las primeras diligencias ministeriales, para evitar que intereses políticos prevalezcan sobre la búsqueda de la verdad y la justicia.
