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Chilpancingo.- La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa para adicionar el artículo 356 Bis al Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar como delito la sustracción, explotación, transporte o comercialización ilegal de agua, con penas de seis a doce años de prisión y multas de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), con agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos.
En tribuna, la diputada explicó que la propuesta busca garantizar una distribución justa, equitativa y acorde con el derecho humano al acceso al agua, promoviendo así su uso responsable y la protección de los bienes públicos del Estado, por lo que es necesario establecer sanciones penales a quienes alteren la infraestructura hidráulica o se beneficien del robo del agua.
Explicó que en México la Ley de Aguas Nacionales regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el régimen de concesiones y permisos, pero no contempla una tipificación penal que castigue la sustracción clandestina del agua destinada al servicio público, las tomas ilegales, las conexiones clandestinas y el comercio ilegal, quedando únicamente en una sanción administrativa o civil.
Diana Bernabé dijo que el diagnóstico nacional es preocupante porque el agua está acaparada por grandes corporativos, concesionada durante décadas para fines económicos y, a la par, es robada por grupos que han hecho de esta práctica ilegal su forma de enriquecimiento, porque esta práctica que incluso ha sido llamada como “huachicoleo del agua” es una amenaza creciente que vulnera la vida y la dignidad humana.
Agregó que en México existen más de 130 mil tomas clandestinas de agua, situación que agrava la escasez, encarece el servicio y genera desigualdad; mientras que, en Guerrero, municipios como Chilpancingo y Acapulco se enfrentan con frecuencia al robo del vital líquido mediante perforaciones, manipulaciones y extracciones ilegales que afectan a miles de familias.
Por ello, remarcó que la iniciativa busca combatir las redes clandestinas que lucran con la necesidad de la gente y el patrimonio público, ya que el agua es un recurso esencial para la vida, que actualmente es amenazado por el cambio climático, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y a eso se suma el tráfico ilegal.
La Comisión de Justicia analiza esta iniciativa de reforma para su respectiva dictaminación.
